Duda, temor e incertidumbre manifestaron con angustia los pobladores locales del Cabo Polonio, en la Audiencia Pública que se llevó a cabo el último día del pasado agosto.
Uno de los galpones de la improductiva empresa pesquera del Estado, la antigua ILPE, fue el escenario que sometió a consideración pública la propuesta de ingresar el Cabo Polonio al SNAP como Monumento Natural, elaborada conjuntamente por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Turismo y Deporte (MINTURD) y la Intendencia Municipal de Rocha (IMR).
La instancia prevista por ley (17.234), pretendió generar un espacio de diálogo entre las autoridades, la población local y otros interesados que pudieran verse afectados por la creación del área o tuvieran un interés particular, para que expresaran su opinión respecto a la propuesta.
Allí quedó al desnudo la ausencia del gobierno municipal durante los últimos 25 años, acusado además de estar atento “sólo para recaudar” a partir de los 80’.
La directora de DINAMA, Lic. Alicia Torres, al cierre de la jornada reconoció “errores de procedimiento”, debido a la “inexperiencia” ya que se está haciendo “camino al andar”. Aseguró que la implementación de las SNAP se enfatizará en dos puntos: flexibilidad y gradualidad, para lo que “es fundamental la participación” para dar al organismo, las particularidades de la realidad local. Sugirió “bajar los niveles de estrés” y “ansiedades”, mientras se toma “un cuarto intermedio” del tiempo suficiente para analizar los planteos recibidos y “volver a reunirnos cuando tengamos respuestas a todas las inquietudes”, para las que “buscaremos la mejor solución de conjunto”
Ubicación del conflicto
Hoy la península tiene varios dueños: el MGAP, la sucesión de las familias rochenses Tisnés y Pertuso Luna, Balkar SA (zona donde sólo hay médanos) Gabasol SA y Rural Park, otra sociedad anónima de 15 propietarios que administran una lengua de tierra de 70 hectáreas en camino a Valizas.
Pero el 70% del suelo está en manos privadas y el planteo oficial destapa un conflicto de mayores proporciones que las de las demoliciones masivas de 1995, 1998 y 2001, cuando se tiraron abajo más de 130 ranchos de la franja costera, cuyos escombros permanecen aplastando las dunas y permitiendo a la gramilla crecer.
Cabo Polonio tiene 72 habitantes - con 20 pescadores – discriminados en pobladores o residentes según la antigüedad de afincamiento en la zona. A pesar del escaso número de habitantes, tiene 400 propietarios de fincas, entre los que hay influyentes políticos y empresarios.
Unos, han elegido esa forma de vivir en la austeridad, sin electricidad, agua potable o locomoción y con precaria educación para sus hijos. Otros, son propietarios u ocupantes precarios que sólo visitan el lugar y especulan con el lucro del verano en la exclusividad del balneario.
Toda esta gente, cuenta con siete diferentes comisiones que a duras penas logran congregarlos. Esta vez los reunió una incertidumbre común y la decisión de enfrentar la propuesta gubernamental, que implica la aplicación de normas de cuidado ambiental severas, cortar con la especulación inmobiliaria en la zona y, en el largo plazo, la desaparición de un 50% de las edificaciones.
Al parecer, para la DINAMA que está dispuesta a “buscar mecanismos de indemnización”, por primera vez, “ser propietario no será garantía de permanencia”. Tal sería el caso de quienes fueron ocupantes precarios y se transformaron en propietarios, como Gabasol SA que, con 110 socios (78 edificaciones), se constituyó en 2001 para adquirir 220 hectáreas a un costo aproximado a 1.1 millones de dólares, por estar situada en Playa Sur.
O el de los ocupantes que se asumen precarios y tienen 93 casas dentro del predio del Ministerio de Ganadería y que un fallo judicial habilitó que el Estado negociara sus indemnizaciones para salir del lugar.
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